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Declaración de la Campaña por la paz y la democracia
13 de noviembre de 2014
Alto inmediato a la matanza de estudiantes: Paz, justicia y democracia para México
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Joanne Landy y Thomas Harrison
Co-Directores, Campaign for Peace and Democracy
Declaración de la Campaña por la paz y la democracia
13 de noviembre del 2014
Alto inmediato a la matanza de estudiantes: Paz, justicia y democracia para México
¡Externamos nuestra solidaridad a los padres de los estudiantes asesinados y desaparecidos, a los millones de estudiantes activistas y al pueblo mexicano!
¡Condenamos los asesinatos y violaciones de derechos humanos efectuados por el gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico! ¡Condenamos, además, a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por su apoyo al Estado mexicano!
Sentimos dolor, enojo e indignación por el secuestro, la tortura y el asesinato de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, México el 26 de septiembre del 2014, a mano de la policía local coludida con grupos vinculados con el tráfico de drogas. Este fue un crimen de lesa humanidad. Los 43 desaparecidos y tres de los seis asesinados que se han confirmado, son jóvenes estudiantes, en su mayoría hijos de familias pobres de zonas rurales. Durante décadas, pero particularmente en los último seis años, la escuela en la que estudiaban, la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, escuela que se especializa en la preparación de maestros que enseñan en zonas pobres, rurales e indígenas, al igual que otras escuelas normales rurales, han sido sujetas a un fuerte ataque político por parte del estado y de grupos empresariales poderosos.
Estos crímenes de lesa humanidad, tristemente, son la regla y no la excepción en México. Con frecuencia son efectuados — o tolerados—por diferentes niveles del gobierno mexicano y por o en complicidad con los cárteles del narco. Los manifestantes lo han declarado reiteradamente, “Fue El Estado”. El gobierno federal es responsable de la seguridad de la gente que viaja por las carreteras federales cómo lo hacían los estudiantes. El ejército federal tiene una presencia fuerte en Iguala, lugar de la masacre y estaba en los alrededores y al tanto de los ataques en ese momento. No hizo nada. El mismo ejército federal efectuó otro asesinato masivo de 22 jóvenes, en el pueblo de Tlatlaya, en el Estado de México en junio del 2014. En ese entonces el ejército y el gobierno federal trataron de encubrir los asesinatos de Tlatlaya con hostigamientos y amenazas a los testigos. La investigación que siguió a la masacre de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre del 2014 ha sido incompetente de manera deliberada y montada para desviar la culpa a nivel local y calmar las protestas sin realmente hacer un esfuerzo para encontrar a los estudiantes desaparecidos o llegar a la raíz del crimen.
La profundidad de la crisis en México, la violencia de estado y del narcotráfico, y la percepción que el camino electoral no tiene salida debido al fraude generalizado, la manipulación y corrupción, significa que los movimientos sociales trabajan al interior de una olla hirviendo de represión y violencia. Los Estados Unidos están profundamente implicados en esta situación debido a los acuerdos militares que tienen con las fuerzas armadas mexicanas para llevar a cabo actos de represión en México bajo el pretexto de la guerra del narcotráfico. De igual manera, las compañías mineras canadienses están profundamente involucradas al despojar y saquear el agua y tierra de los campesinos mexicanos y llevar a cabo actos brutales de represión por medio de ejércitos privados asistidos por varios niveles del gobierno mexicano en contra del pueblo mexicano. Las grandes corporaciones petroleras bienvenidas a partir de la privatización del petróleo mexicano serán protegidas de las protestas populares por fuerzas armadas mexicanas con la continua asistencia militar de los Estados Unidos. Compañías canadienses y estadounidenses y sus gobiernos están involucrados directa e indirectamente junto con el Estado mexicano en los actos de represión en contra del pueblo mexicano y el expolio de su sociedad.
La guerra del narcotráfico, una batalla entre cárteles rivales, usualmente vinculados con diferentes grupos de las autoridades locales, estatales y federales ha brindado una excusa para la renovación de la guerra sucia de la década de 1970, cuando el gobierno mexicano llevó a cabo una gran cantidad de asesinatos y desapariciones forzadas con la intención de parar las crecientes protestas y movimientos guerrilleros. Los asesinatos perpetrados por el Estado y las desapariciones continuaron en menor número durante las décadas que siguieron pero han aumentado drásticamente desde el 2006 y aún más desde que Enrique Peña Nieto se hizo presidente en el 2012.
Los crecientes actos de represión están ligados sólo parcialmente a la guerra del narcotráfico. En realidad, están íntimamente ligados a los esfuerzos para eliminar la resistencia a la continuo ofensiva neoliberal en México. Esta ofensiva es promovida por intereses empresariales y los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos. Las fuertes consecuencias sociales de la ofensiva neoliberal en México –el drástico incremento de la pobreza y la desigualdad, la erosión del mercado laboral, y la expropiación de la tierra de los campesinos mexicanos han generado actos de resistencia, al igual que las privaciones a comunidades llevadas a cabo por los cárteles del narcotráfico, la policía, la compañías mineras y las fuerzas armadas. Por ejemplo, en los estados de Guerrero y Michoacán se han formado grupos de autodefensa locales para defender a sus comunidades contra estas agresiones. Pero el Estado y los gobiernos estatales han arrestado a los líderes de los grupos de autodefensa y han intentado disolverlos a la vez que continúan tolerando los ataques de los cárteles y de los gobiernos locales y estatales.
Los cambios recientes en la Constitución mexicana prometen acelerar la expropiación de las comunidades rurales al permitir la privatización del petróleo y otros recursos naturales y al permitir que el gobierno desaloje a comunidades enteras en beneficio de la explotación de recursos –existen comunidades que están siendo desposeídas informalmente por grupos que trabajan para intereses empresariales o por el despojo de sus tierras causado por la explotación minera--. En la medida que han aumentado los actos de resistencia, también lo han hecho los actos de represión.
Expresamos nuestra solidaridad a los dolientes pero valientes padres de los estudiantes de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos y a los millones de estudiantes y ciudadanos mexicanos que exigen un México diferente, un México con paz, democracia, bienestar social y justicia. Apoyamos su exigencia de que se lleve a cabo una investigación internacional independiente, no sólo de los acontecimientos en Iguala y Tlatlaya, sino también de las miles de desapariciones, asesinatos y violaciones de derechos humanos que se han efectuado bajo el pretexto de la guerra del narcotráfico. Llamamos a un alto al papel de Estados Unidos como facilitador de estos terribles abusos por medio de la ayuda militar dada a través del Plan Mérida y el entrenamiento militar, al igual que las violaciones de derechos humanos sistemáticas efectuadas para proteger a compañías canadienses y estadounidenses.
Nos alientan las masivas protestas de alcance nacional. Miles de manifestantes, junto con los familiares de los estudiantes desaparecidos, bloquearon el aeropuerto internacional de Acapulco, Guerrero y pararon los vuelos por tres horas el 10 de noviembre. 22 de las 81 municipalidades del estado de Guerrero han sido tomadas por los manifestantes. Casi 4 millones de estudiantes participaron en una huelga nacional el 5 de noviembre y el Comité Interuniversitario que organizó la tercera jornada de acción nacional en el último mes sigue planeando nuevos actos de protesta. La dimensión de las protestas ha aumentado y las demandas se han radicalizado. La justa indignación del pueblo mexicano no ha sucumbido al fatalismo ni al cinismo y no se ha dejado engañar por los esfuerzos del gobierno federal para desmovilizar las protestas. Cuanto más crezcan las movilizaciones y se radicalicen, más seguros serán los esfuerzos para acabar con ellas a la fuerza. Debemos crear conciencia sobre la lucha continua y las violaciones de derechos humanos en México. Su lucha es nuestra lucha. ¡Todos somos Ayotzinapa!